El proyecto de ley sobre juegos de azar aprobado por la Cámara de Diputados fortalece el marco legal e impone sanciones más severas contra las bancas y rifas clandestinas en el país.
Por lo tanto, la iniciativa legal busca frenar la evasión fiscal y combatir la competencia desleal mediante penas que alcanzan hasta diez años de prisión para las infracciones más graves.
Sin duda, el establecimiento de regulaciones claras para el sector de apuestas representa un avance fundamental en el control estatal de esta actividad económica.
En consecuencia, el Senado de la República deberá evaluar las modificaciones introducidas por los diputados para completar el proceso legislativo y proceder con su promulgación.
El régimen sancionador y las penas establecidas
Por consiguiente, operar juegos de azar sin la debida licencia o fuera de los lugares autorizados conllevará penas de uno a dos años de prisión.
Asimismo, la comercialización ambulante y la venta de terminales en establecimientos físicos no autorizados se castigarán con penas de dos a cinco años de cárcel.
Es decir, la manipulación de resultados, el fraude al Estado y el uso de testaferros recibirán las sanciones más drásticas, de cinco a diez años de reclusión.
Además, la ley creará la Dirección General de Juegos de Azar bajo la adscripción del Ministerio de Hacienda para fiscalizar el sector de manera autónoma.
Las restricciones de ubicación y la protección al usuario
Obviamente, prohibir el acceso de menores de edad y distanciar los centros de apuestas de escuelas e iglesias resulta totalmente indispensable para proteger la salud social de la población.
Por lo tanto, la propuesta legislativa contempla un registro de autoexclusión para personas con ludopatía y restringe la publicidad de apuestas dirigida a sectores vulnerables.
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